La Agencia Córdoba Joven concentra críticas ante denuncias sobre el uso de recursos estatales en estructuras digitales ligadas al oficialismo.
La discusión sobre la Agencia Córdoba Joven ya dejó de ser un asunto menor. El organismo que conduce José Ignacio Scotto tiene asignados $5.513 millones para 2026 y una planta presupuestada de 64 cargos. En un contexto económico difícil, semejante estructura obliga a explicar con precisión qué hace cada funcionario y dónde termina cada peso de los cordobeses.
El problema crece cuando esa estructura concentra a jóvenes que producen contenido político en redes para defender al gobierno de Martín Llaryora y confrontar con dirigentes opositores. Se trata de una estrategia digital organizada alrededor del oficialismo, una suerte de “patrulla digital” impulsada desde la Agencia Córdoba Joven y de influencers rentados dedicados a defender la gestión y atacar administraciones municipales que, en casi todos los casos, cumplen con cuestiones que el Gobierno provincial está en falta y no cumple: obra pública, austeridad y servicios públicos de calidad.
Sin embargo, esta discusión no es nueva. El Tribunal de Cuentas de Córdoba incluyó contrataciones irregulares de la Agencia Córdoba Joven entre las observaciones realizadas sobre la Cuenta General del Ejercicio 2024. Es un antecedente institucional serio. También existe un pedido legislativo reciente que reclama explicaciones sobre los gastos ejecutados y contratos dados por el organismo. Cuando una agencia administra miles de millones y además aparece rodeada de cuestionamientos sobre militancia digital, la transparencia deja de ser una opción.
Una de las funcionarias mejor remuneradas de la Agencia es Marianela Giménez, quien ocupa el cargo de vocal. Oriunda de Bell Ville, la joven de 28 años, vinculada al Partido Justicialista local, percibe más de $3 millones mensuales, provenientes de los impuestos que pagan los cordobeses, cada vez con mayores dificultades, para producir y difundir contenidos en redes sociales favorables al Gobierno provincial. ¿No sería más razonable destinar esos recursos a necesidades de primer orden para el departamento Unión? ¿Por qué Llaryora necesita construir un relato digital si su gestión es tan buena como afirma?
El Gobierno provincial puede despejar esta discusión de una manera muy simple. Tiene que publicar contratos, nombres, funciones, salarios y tareas concretas. Si hay jóvenes cobrando fondos públicos para hacer política digital, defender al Panal y atacar administraciones opositoras, los cordobeses tienen derecho a saberlo. Si esa acusación es falsa, la apertura de la información también serviría para demostrarlo. El dinero que administra la Agencia Córdoba Joven sale del Estado provincial. Su uso debe responder al interés público y quedar expuesto al control ciudadano.
