La renuncia de Flores expone al oficialismo provincial ante un caso gravísimo que involucra al entorno político de uno de sus legisladores.

La renuncia de Ernesto Ramón “Cañito” Flores no puede reducirse a la salida individual de un legislador acorralado por un escándalo. Flores llegó a la Unicameral por el departamento Río Seco como integrante de Hacemos Unidos por Córdoba, el oficialismo que conduce el gobernador Martín Llaryora. La detención de uno de sus asesores en una investigación por grooming y abuso infantil y los procedimientos realizados en un predio rural de su propiedad convierten el episodio en un problema político que alcanza al peronismo cordobés.

Hay una precisión indispensable. Flores no está imputado, según la información conocida hasta el momento, y cualquier responsabilidad penal deberá determinarla la Justicia. El punto político es diferente. Uno de sus colaboradores legislativos fue detenido en una causa de extrema gravedad y parte de la investigación alcanzó un inmueble perteneciente al dirigente. Frente a semejante escenario, corresponde preguntar qué controles existían sobre las personas que integraban su equipo y qué responsabilidad política asume el espacio que lo llevó a ocupar una banca provincial.

Flores eligió responder con una carta en la que denunció una “campaña de difamación” y aseguró marcharse con la “conciencia absolutamente tranquila”. La explicación resulta insuficiente frente a la dimensión institucional del caso. Hay una investigación judicial por delitos gravísimos y un asesor suyo detenido. Convertir el episodio principalmente en una disputa con adversarios locales, como intentó Flores, corre el riesgo de esquivar las preguntas que todavía necesitan respuestas.

También las necesita el Gobierno provincial. Flores formaba parte del bloque oficialista que sostiene políticamente a la administración de Llaryora en la Legislatura. Esto obliga al oficialismo a explicar cómo actuará frente a un caso que involucra al entorno inmediato de uno de sus representantes y qué mecanismos utilizará para revisar la designación y el control de asesores legislativos. Por ahora, el gobernador ha optado por el silencio.

La renuncia termina con la permanencia de Flores en la banca, pero la gravedad de los hechos exige que la investigación avance sin interferencias, que se determinen todas las responsabilidades y que el oficialismo cordobés dé explicaciones políticas claras. Cuando un escándalo de estas características alcanza al entorno de un dirigente del espacio que gobierna la provincia, dar un paso al costado es apenas el comienzo de las respuestas necesarias.