Los datos disciplinarios exponen un problema persistente que se profundiza y plantea interrogantes sobre la conducción política de la seguridad provincial.

La corrupción se convirtió en la causa más frecuente de expulsión dentro de la Policía de Córdoba desde la creación del actual sistema de control disciplinario. El dato resulta difícil de separar del debate sobre la seguridad provincial. Ya son 484 los efectivos cesanteados o destituidos, mientras alrededor de 700 permanecen alcanzados por investigaciones, suspensiones u otros procesos administrativos. Un volumen que habla de controles que detectan irregularidades y, al mismo tiempo, de un problema estructural dentro de una institución encargada de garantizar la seguridad de los cordobeses.

Los números de 2026 refuerzan esa preocupación. De las 92 medidas disciplinarias resueltas durante el año, 29 estuvieron relacionadas con hechos de corrupción, la cifra más alta entre las distintas causas. Le siguen 27 actuaciones por mal desempeño y 19 por violencia familiar y de género. Cuando las irregularidades alcanzan semejante dimensión, la discusión excede las responsabilidades individuales y obliga a preguntarse qué ocurre hacia adentro de la fuerza y qué herramientas tiene el poder político para prevenir estas conductas antes de que sucedan.

El problema adquiere mayor gravedad durante el gobierno de Martín Llaryora, una gestión atravesada por una creciente preocupación social alrededor de la seguridad y obligada a administrar una fuerza que acumula cientos de efectivos apartados o investigados. El funcionamiento del organismo disciplinario permite detectar y sancionar casos. La magnitud de las cifras muestra que la depuración posterior necesita estar acompañada por políticas capaces de reducir las irregularidades desde su origen, y, detrás de esas decisiones, aparece una pregunta inevitable sobre los mecanismos de selección, formación, supervisión y conducción de la fuerza.

Córdoba necesita una Policía confiable y un Gobierno provincial que asuma la dimensión del problema. Expulsar a quienes incumplen sus obligaciones es indispensable. El desafío para la administración de Llaryora está un paso antes y consiste en explicar por qué la corrupción sigue ocupando el primer lugar entre las causas de desvinculación y qué cambios concretos se están haciendo para revertirlo. Cuando 484 efectivos terminan fuera de la fuerza, el problema ya no puede leerse únicamente como una sucesión de casos individuales.