En Bell Ville, los gobiernos de Juan Schiaretti y Martín Llaryora vienen acumulando un déficit difícil de explicar en materia de seguridad. Hace más de diez años que la ciudad cabecera del Departamento Unión no cuenta con calabozos.

En el interior de Córdoba empieza a crecer una pregunta que atraviesa cada vez más ciudades. ¿Los recursos provinciales vinculados a la seguridad se distribuyen de manera equilibrada o existen diferencias según la relación política con el Panal?

El debate volvió a instalarse en Bell Ville, ciudad cabecera del Departamento Unión, donde distintos sectores vienen señalando una situación difícil de explicar. Hace más de diez años que la ciudad no cuenta con calabozos, una carencia que con el paso del tiempo dejó de verse como un problema aislado y comenzó a interpretarse como parte de una deuda más amplia en materia de infraestructura y seguridad.

La discusión aparece, además, en un contexto donde la Provincia avanzó con inversiones importantes en otras ciudades del interior. En Villa María, por ejemplo, el Gobierno provincial inauguró recientemente el Anexo de la Escuela de Oficiales de Policía, con capacidad para nuevos cadetes, y también puso en funcionamiento un centro integral destinado al abordaje de consumos problemáticos y salud mental.

En Bell Ville, el planteo se concentra en la necesidad de contar con criterios claros, transparentes y equilibrados para la distribución de recursos públicos. La sensación que empieza a crecer en parte del interior cordobés es que algunas demandas llevan demasiado tiempo sin respuesta.

La seguridad es una responsabilidad central del Estado provincial. Por ese motivo, muchos intendentes y dirigentes del interior consideran que debería garantizarse con una mirada territorial amplia, independientemente del signo político de cada gestión local.

El interrogante empieza a instalarse con más fuerza. ¿Todas las ciudades cordobesas están recibiendo la misma atención en materia de seguridad?